Tras las apariciones en distintos medios de un supuesto borrador del Proyecto de Ley de Servicios Profesionales y a la vista de que las profesiones de Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Informática pueden quedar fuera del reconocimiento profesional que merecen tras más de 25 años de trayectoria de estas profesiones en España, el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Canarias, la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna nos vemos en la necesidad de alertar sobre las graves consecuencias que este hecho supondría para el futuro de nuestra Comunidad Autónoma y para el conjunto de la Nación.
Resulta evidente que España está perdiendo el tren de la competitividad y el talento: diariamente asistimos al constante goteo de noticias en las que se relata cómo nuestros jóvenes ingenieros y científicos se ven obligados a abandonar el país en busca de un futuro mejor. La Ingeniería Informática es vital hoy en día para realizar el necesario cambio de nuestro modelo productivo, no sólo como actividad transversal que aporta innovación y competitividad al resto de sectores tales como el comercio, la industria, la agricultura, el turismo, etc, sino también porque en sí misma posee la capacidad suficiente para generar riqueza y propiciar el desarrollo de una nueva actividad industrial en torno a las TIC. Actividad ésta especialmente indicada en el caso de Canarias, donde sus particulares condiciones geográficas no suponen desventaja alguna frente a otras regiones para desarrollar un nuevo y potente sector productivo en el escenario global de la economía del conocimiento.
Por añadidura – y como hemos venido señalando desde las organizaciones colegiales – el actual marco normativo, en el que no existe ningún tipo de responsabilidad sobre los proyectos de sistemas informáticos, está provocando ya importantes consecuencias económicas a los ciudadanos, a las empresas y a las administraciones públicas debido a proyectos fallidos, incompletos o totalmente inoperantes. Resulta pues incomprensible, todavía más en una coyuntura de depresión económica, que un nuevo marco legal no aporte las necesarias garantías que permitan salvaguardar los intereses de todos los implicados en este tipo de proyectos.
Pero aún más importante: la Ingeniería Informática resulta vital hoy en día para salvaguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos y la propia seguridad nacional: actualmente, los sistemas informáticos gobiernan las comunicaciones, los sistemas de transporte y los sanitarios, los sistemas de abastecimiento de suministros esenciales (energía, agua, gas), los sistemas judiciales y de administración electrónica, los de defensa y seguridad y tantas otras infraestructuras críticas. Si todas estos sistemas informáticos no están asentados sobre unas mínimas bases de calidad, sus deficiencias afectarán considerablemente al correcto funcionamiento de dichas actividades esenciales, pudiendo incluso poner en serio riesgo la vida de las personas.
Es por ello inadmisible que los ingenieros formados precisamente para diseñar y desarrollar estos sistemas no formen parte del mecanismo regulador que debe tener como objetivo principal el de aportar las máximas garantías a la Sociedad en estos ámbitos, y en el que sí aparecen la totalidad del resto de Ingenierías.
Por último, la Ingeniería Informática ya se encuentra regulada en varios países de nuestra órbita europea, y obtiene una muy alta consideración en países tradicionalmente ajenos a toda actividad regulatoria, como en EEUU, donde por tercer año consecutivo en el estudio que anualmente realiza la publicación CareerCast, la actividad profesional más valorada es la de ingeniero de software.
Estas cuestiones ya han sido señaladas desde distintas estancias autonómicas y nacionales, incluido el Parlamento de Canarias que a través de una Proposición No de Ley, aprobada por unanimidad, instó al gobierno de la Nación a incorporar a las ingenierías informáticas en las mismas condiciones que el resto de las ingenierías, en el marco de la nueva regulación europea y señalaba los motivos de necesidad y urgencia que esta cuestión tiene para el futuro de Canarias y la nación, como se refleja en su Diario de Sesiones: Nos encontramos, por lo tanto, ante una situación que supone un agravio para nuestros informáticos. No existe ningún país desarrollado que tenga una Ingeniería, como la Informática, con una participación tan importante en el desarrollo de la sociedad, con una situación tan crítica económicamente hablando como la que tenemos y que estemos provocando, con esta indefinición, que muchos de nuestros mejores cerebros, que muchos de nuestros mejores estudiantes, tengan que irse a desarrollar fuera su trabajo, del territorio español.
De confirmarse pues este borrador, dejando fuera de las profesiones reconocidas a la Ingeniería e Ingeniería técnica en Informática, se inflingirá un daño irreparable a la competitividad de Canarias y del conjunto del Estado, propiciando una fuga masiva de profesionales – precisamente cuando en Europa su nivel de demanda se encuentra en continuo aumento – lo que inevitablemente causará una gran merma en el crecimiento del sector tecnológico y de todos los demás sectores industriales que utilizan la Informática como mecanismo productivo y de mejora de la eficiencia y competitividad.
Los representantes de los profesionales y de la comunidad académica exigimos al Gobierno un trato justo y ecuánime con respecto al resto de Ingenieros e Ingenieros técnicos, tanto a nivel profesional como universitario, que desarrolle y dignifique a la Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en Informática como profesiones sólidas y por el desarrollo presente y futuro de Canarias.